LA VÍCTIMA EN EL PROCESO PENAL VENEZOLANO

 

    A pesar de que se ha estudiado durante mucho tiempo el concepto de víctima, como noción más directa y específica, cito la definición adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/34, anunciado el 29 de noviembre de 1985 en la Declaración sobre los principios fundamentales de Justicia para las Víctimas de delitos y del Abuso de Poder: 

'''Víctimas de delitos. Se entenderá por "víctimas" las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera, o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.''

     En consecuencia, el artículo 23 del Código Orgánico Procesal Penal Venezolano establece que:

''Las víctimas de hechos punibles tienen el derecho de acceder a los órganos de administración de justicia penal de forma gratuita, expedita, sin dilaciones indebidas o formalismos inútiles, sin menoscabo de los derechos de los imputados o imputadas o acusados o acusadas. La protección de la víctima y la reparación del daño a la que tengan derecho serán también objetivos del proceso penal. Los funcionarios o funcionarias que no procesen las denuncias de las víctimas de forma oportuna y diligente, y que de cualquier forma afecte su derecho de acceso a la justicia, serán sancionados conforme al ordenamiento jurídico.''

    Como es indicado en el artículo mencionado, toda persona que haya sido objeto de algún daño o sufrimiento físico, tiene el derecho inalienable del acceso a los órganos de justicia penal, que propugnan como norte fundamental, la búsqueda de la verdad y la reparación del daño causado, conforme a su finalidad plasmada en nuestro ordenamiento jurídico.  

     Es por ello que el estudiado Código Orgánico Procesal Penal (COPP), consagra que la protección y reparación del daño causado a la víctima del delito son objetivos del proceso penal. Por lo tanto, el Ministerio Público está obligado a velar por dichos intereses en todas las fases. Por su parte, los jueces y juezas garantizarán la vigencia de sus derechos y el respeto, protección y reparación durante el proceso. Asimismo, la policía y los demás organismos auxiliares deberán otorgarle un trato acorde con su condición de afectado o afectada, facilitando al máximo su participación en los trámites en que deba intervenir.

       Por lo tanto, señala en su artículo 121 ejusdem que se considera víctima: 

• La persona directamente ofendida por el delito. 
• El o la cónyuge o la persona con quien mantenga relación estable de hecho, hijo o hija, o padre adoptivo o madre adoptiva, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y al heredero o heredera, en los delitos cuyo resultado sea la incapacidad o la muerte del ofendido u ofendida. 
• El o la cónyuge o la persona con quien mantenga relación estable de hecho, hijo o hija, o padre adoptivo o madre adoptiva, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, cuando el delito sea cometido en perjuicio de una persona incapaz o de una persona menor de dieciocho años. 
• Los socios o socias, accionistas o miembros, respecto de los delitos que afectan a una persona jurídica, cometidos por quienes la dirigen, administran o controlan.
• Las asociaciones, fundaciones y otros entes, en los delitos que afectan intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos intereses y se hayan constituido con anterioridad a la perpetración del delito. 

Si las víctimas fueren varias deberán actuar por medio de una sola representación.

       De igual modo, los Derechos de la Víctima se encuentran en el artículo 122 del COPP: 

''Quien de acuerdo con las disposiciones de este Código sea considerado víctima, aunque no se haya constituido como querellante, podrá ejercer en el proceso penal los siguientes derechos: 

1. Presentar querella e intervenir en el proceso conforme a lo establecido en este Código. 

2. Ser informada de los avances y resultados del proceso cuando lo solicite. 

3. Delegar de manera expresa en el Ministerio Público su representación, o ser representada por este en caso de inasistencia al juicio. 

4. Solicitar medidas de protección frente a probables atentados en contra suya o de su familia. 

5. Adherirse a la acusación de el o de la Fiscal o formular una acusación particular propia contra el imputado o imputada en los delitos de acción pública; o una acusación privada en los delitos dependientes de instancia de parte. 

6. Ejercer las acciones civiles con el objeto de reclamar la responsabilidad civil proveniente del hecho punible. 

7. Ser notificada de la resolución de el o la Fiscal que ordena el archivo de los recaudos. 8. Impugnar el sobreseimiento o la sentencia absolutoria.'' 

     En suma, se establece que la Defensoría del Pueblo y cualquier persona natural podrán presentar querella contra funcionarios o funcionarias, o empleados públicos o empleadas públicas, o agentes de las fuerzas policiales, que hayan violado derechos humanos en ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas. 

    Igualmente, la persona ofendida directamente por el delito podrá delegar, en la Defensoría del Pueblo el ejercicio de sus derechos cuando sea más conveniente para la defensa de sus intereses. En este caso, no será necesario poder especial y bastará que la delegación de derechos conste en un escrito firmado por la víctima y el o la representante legal de la Defensoría del Pueblo. 

 La Justicia es la reina y señora de todas las virtudes en todo proceso.